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Los complejos sistemas jurídicos extranjeros, que presentan grandes diferencias con respecto al de China, constituyen uno de los retos a los que deben enfrentarse las empresas chinas que se expanden al exterior. Para las empresas culturales chinas que buscan abrir mercados extranjeros, en el proceso de desarrollo de sus negocios, además de la optimización de contratos comerciales transnacionales y la protección de los derechos de propiedad intelectual, deben afrontar múltiples cuestiones jurídicas de diversas índoles, entre las que se incluyen la revisión de contenidos ajustada a diferentes costumbres culturales, la distribución cinematográfica, la concesión de licencias para actividades de entretenimiento, la protección del derecho al honor y del derecho a la intimidad, la optimización fiscal de la cadena industrial, la producción de productos audiovisuales y la inversión en la organización de actividades, entre otras. Un bufete de abogados que conozca a fondo las leyes y normativas vigentes en múltiples regiones del mundo y cuente con colaboradores locales en todo el mundo puede prestar servicios de gran valor a las empresas.

Primero, en la mayoría de las regiones del mundo, antes de la proyección, venta, alquiler o difusión de una película, por lo general se requiere solicitar previamente la clasificación cinematográfica ante los órganos reguladores culturales locales. Cuando sea necesario, los órganos reguladores podrán exigir a los distribuidores cinematográficos que realicen modificaciones y recortes de contenidos específicos de la obra. Al llevar a cabo la clasificación y la censura, los órganos reguladores toman principalmente como referencia la evaluación de los contenidos de la película relacionados con violencia, sexo, drogas y otros no aptos para el visionado de menores de edad, así como los contenidos que no se ajusten a las costumbres culturales y las normas religiosas locales. La eficacia jurídica de la clasificación cinematográfica varía de una región a otra: en algunas regiones, la clasificación por edades para los espectadores tiene carácter obligatorio legal, mientras que en otras solo reviste carácter consultivo, lo cual es un factor que las empresas culturales deben tener en cuenta al tomar sus decisiones comerciales. Además, cabe señalar que los órganos reguladores cinematográficos de algunas regiones no son órganos administrativos sin fines de lucro, por lo que podrán cobrar tarifas por la censura según la duración del trámite u otros criterios, aspecto al que también se debe prestar atención.

En la era de Internet, la difusión y promoción de contenidos en línea también pueden estar sujetas a la supervisión administrativa y jurídica. Diversos órganos de supervisión competentes podrán realizar la revisión de las películas difundidas en línea y, cuando sea necesario, exigir el filtrado o la eliminación de contenidos específicos directamente o a través de vías judiciales. Las empresas chinas con operaciones en el extranjero, con el fin de proteger sus propios intereses comerciales, también deberán prestar atención a la difusión de opiniones y contenidos indebidos en la red. Cuando comprueben que se han infringido derechos como el derecho de autor, el derecho al honor y el derecho a la intimidad, podrán contactar directamente con el proveedor de servicios de Internet correspondiente para solicitar la eliminación de los contenidos, o adoptar acciones judiciales o presentar una denuncia ante los órganos de supervisión cuando sea necesario.

Por lo general, para distribuir una película en una región, se requiere la cooperación con distribuidores cinematográficos profesionales y experimentados locales. Antes de iniciar la cooperación, se debe realizar una debida diligencia detallada sobre el distribuidor para conocer su experiencia previa en distribución de películas y su reputación comercial. El acuerdo de distribución de películas firmado con el distribuidor deberá establecer disposiciones claras y detalladas sobre el ámbito específico de distribución de la película (incluyendo región, plazo, idioma, modalidad, etc.), la contraprestación (incluyendo importe, distribución de beneficios, forma de pago, plazo de pago, etc.), la sublicencia, la transmisión por televisión online, la venta al por menor, entre otros aspectos; los contratos profesionales también prevén y estipulan detalladamente las declaraciones y garantías de ambas partes, la responsabilidad por incumplimiento contractual, la resolución de controversias, la modificación y terminación del contrato, entre otros contenidos. Las empresas pueden buscar la cooperación con equipos de abogados profesionales del sector del entretenimiento y sus socios colaboradores en el extranjero, para optimizar las cláusulas correspondientes de acuerdo con sus necesidades y las leyes y reglamentos del país correspondiente.

Las empresas culturales de China, además de distribuir y publicar películas en el extranjero, también pueden considerar invertir en la producción de películas y otros productos de entretenimiento en el exterior para su promoción y venta en el mercado nacional o el mercado global. Esto se puede materializar a través de modalidades como la cooperación en inversión conjunta con empresas culturales extranjeras o el establecimiento de empresas de propiedad exclusiva en el exterior. Las empresas pueden necesitar elaborar planes de inversión detallados con antelación, optimizar su despliegue estratégico mediante fórmulas como la inversión offshore en el extranjero, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de las leyes y reglamentos de los lugares de inversión correspondientes en múltiples ámbitos: impositivo, de propiedad intelectual, laboral, entre otros. Asimismo, deberán proteger sus propios intereses durante las negociaciones de cooperación por medio de contratos comerciales completos y exhaustivos para reducir todo tipo de controversia potencial. Por último, la organización de actividades de entretenimiento presenciales en el extranjero no solo genera beneficios comerciales directos para las empresas, sino que también facilita la promoción de las obras y productos correspondientes. No obstante, dichas actividades suelen estar sujetas a la supervisión de exhaustivos procedimientos jurídicos y administrativos, por lo que el organizador deberá presentar la solicitud correspondiente ante los órganos de supervisión después de culminar los preparativos suficientes con antelación.