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Con el rápido desarrollo de la economía y la industria de Internet, la red se ha convertido en un importante medio para la difusión de información, que influye y modifica los hábitos de vida, trabajo y entretenimiento de la población.

Cuando la gran mayoría de las obras pueden ser accedidas y obtenidas fácilmente por el público a través de la red, han surgido sucesivamente numerosos casos de infracción del derecho de autor en el ámbito de Internet, que se presentan en formas variadas.

En 2020, la Enmienda XI a la Ley Penal de China estipula el delito de infracción del derecho de autor en su Artículo 217. En comparación con la versión anterior, la incorporación de la expresión «comunicación al público por medio de las redes de información» constituye un punto destacado de la modificación.

Sin embargo, al analizar detenidamente las disposiciones pertinentes sobre el delito de infracción del derecho de autor en la Ley Penal, se advierte que la interpretación de la expresión «comunicación al público por medio de las redes de información» en el ámbito del derecho penal en el entorno de Internet aún no ha sido aclarada.

Quienes conocen la Ley de Derecho de Autor saben que la «difusión al público a través de redes de información» tiene un significado específico en el ámbito del derecho de autor. El apartado 12 del párrafo 1 del artículo 10 de la Ley de Derecho de Autor establece expresamente el derecho de difusión por redes de información, es decir, el derecho de ofrecer obras al público por medios alámbricos o inalámbricos, de forma que el público pueda acceder a ellas en el momento y lugar que elija, también denominado derecho de difusión interactiva.

Si se interpreta la expresión «difusión al público a través de redes de información» recogida en el artículo 217 del Código Penal de China estrictamente conforme a la definición del derecho de difusión por redes de información establecido en la Ley de Derecho de Autor, solo los actos de difusión interactiva que violen el derecho de difusión por redes de información de los titulares de derechos de autor constituirán el delito de violación del derecho de autor en el sentido del derecho penal, excluyéndose los actos de difusión no interactiva que violen el derecho de radiodifusión, como la transmisión en vivo por internet, la radiodifusión por internet (transmisión programada por internet), entre otros.

No es un hecho aislado que las discrepancias sobre la interpretación de la descripción de los actos delictivos en el delito de violación de derecho de autor surgieron ya hace tiempo en relación con la interpretación del término «reproducción y distribución». Es evidente que el derecho de reproducción y el derecho de distribución estipulados en la Ley de Derecho de Autor no incluyen el derecho de comunicación al público a través de redes de información. Sin embargo, el párrafo 3 del artículo 11 de la *Interpretación sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el manejo de casos penales de violación de los derechos de propiedad intelectual*, dictada conjuntamente por el Tribunal Supremo Popular y la Procuraduría General Popular, establece que: la conducta de difundir al público a través de redes de información obras literarias, obras musicales, películas, programas de televisión, obras de vídeo, software informático y otras obras de terceros, se considerará como la «reproducción y distribución» establecida en el artículo 217 del Código Penal.

Según el punto 12 (Sobre la determinación del término «distribución» establecido en el artículo 217 del Código Penal y cuestiones relacionadas) del *Aviso sobre la distribución de las Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos penales de violación de los derechos de propiedad intelectual*, emitido conjuntamente por el Tribunal Supremo Popular, la Procuraduría General Popular y el Ministerio de Seguridad Pública (10 de enero de 2011, Fa Fa [2011] n.º 3): la «distribución» incluye actividades como la distribución general, la venta al por mayor, la venta al por menor, la difusión a través de redes de información, así como el alquiler, la exposición y venta, etc.

El profesor Wang Qian de la Universidad de Ciencia Política y Derecho de Huadong se ha opuesto constantemente a esta disposición, considerando que la interpretación judicial del Código Penal tiene indicios de analogía, mientras que China prohíbe la analogía en materia penal. La modificación del delito de violación de derecho de autor estipulada en el artículo 217 de la Enmienda XI al Código Penal permite evidentemente la regulación de los actos delictivos que violan el derecho de comunicación al público a través de redes de información. En consecuencia, surge la duda de si, según una interpretación amplia literal, la presente disposición solo estipula que el canal de difusión de información al público es la red, sin establecer ninguna limitación sobre la forma de difusión de la información, es decir, si se trata de una forma de difusión interactiva; o si, al interpretar las disposiciones sobre el delito de violación de derecho de autor, se debe realizar una interpretación sistemática combinando las disposiciones y las teorías de la Ley de Derecho de Autor. Las diferentes interpretaciones en la práctica pueden dar lugar a diferentes resultados de determinación de culpabilidad y espacios para la defensa.

En 2020, el Reglamento del Ministerio de Seguridad Pública sobre la División de Competencias en la Jurisdicción de Casos Penales asignó la jurisdicción de los casos de violación de derechos de autor a la Dirección de Investigación de Delitos Relacionados con Alimentos y Medicamentos. Al mismo tiempo, el Ministerio de Seguridad Pública exige que «los órganos de seguridad pública de todas las localidades, de conformidad con los requisitos de la presente notificación, combinados con la situación de su propia configuración institucional y sus funciones y responsabilidades, determinen sin demora la división de competencias internas de jurisdicción de los casos penales, lo presenten para registro ante el órgano de seguridad pública de nivel superior, y lo apliquen y cumplan rigurosamente».

Sin embargo, en la práctica, la situación de la creación por parte de los órganos de seguridad pública de todas las localidades de «Dirección de Investigación de Delitos Alimentarios y Medicamentos, Destacamento de Investigación de Delitos Alimentarios y Medicamentos, Brigada de Investigación de Delitos Alimentarios y Medicamentos» es sumamente compleja: algunas localidades no han creado dichos organismos, otras lo han hecho solo hasta el nivel de dirección o de destacamento, mientras que en otras la jurisdicción de estos casos sigue correspondiendo al departamento de investigación de delitos económicos.

Hoy en día, cuando las tareas de prevención y control de epidemias son cada vez más arduas, el problema de la escasez de efectivos policiales, especialmente de los dedicados a la tramitación de casos, es especialmente prominente. Por lo tanto, parte del personal de aplicación de la ley de nivel básico puede tener un conocimiento ligeramente insuficiente de los delitos de violación de derechos de propiedad intelectual, que requieren un mayor grado de profesionalismo. En estas circunstancias, es más probable que tiendan a adoptar una interpretación en sentido amplio del concepto de «difusión al público a través de redes de información».

El 19 de abril de 2022, en la segunda conferencia titulada *Problemas Difíciles en la Tramitación de Casos de Derecho de Autor*, incluida en las «Actividades Serias del Día Mundial de la Propiedad Intelectual 2022 con motivo del 26 de abril», organizada conjuntamente por el Comité de Estudios de Gobernanza Cibernética y Derecho de la Información y Datos de la Academia de Ciencias Jurídicas de Shanghái y el Instituto de Estudios de Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia de la Universidad Jiao Tong de Shanghái, el entonces Fiscal General Adjunto Song Jianli, subdirector de la Oficina de Fiscalización de Propiedad Intelectual del Supremo Pueblo Fiscal de China, manifestó expresamente: existen diferencias entre los casos penales tradicionales y los casos penales relacionados con la propiedad intelectual tramitados en Shanghái, tanto en el procedimiento de tramitación como en la lógica de pensamiento aplicada. La tramitación de los casos penales tradicionales se centra en los elementos constitutivos del delito, mientras que la tramitación de los casos penales de propiedad intelectual requiere la introducción de la lógica de enjuiciamiento civil de «confirmación de derechos - juicio de infracción». Se puede entender que la comisión de un delito penal también debe tener como premisa la existencia de una infracción civil.

Por consiguiente, los elementos constitutivos del delito de infracción de la propiedad intelectual deben basarse en los elementos constitutivos del acto de infracción civil, y la lógica básica para la determinación de dicho delito consiste en juzgar en primer lugar si se configura un acto de infracción civil de conformidad con las normas civiles. Por lo tanto, la interpretación y aplicación de las disposiciones y conceptos pertinentes del Código Penal deben buscar y mantener la coherencia con las normas previas, en particular en lo que respecta a un mismo concepto jurídico, no deben existir interpretaciones diferenciadas en el ámbito penal y el ámbito civil.

Por su parte, tanto el Tratado de Derecho de Autor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual como el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Interpretaciones o Ejecuciones y Fonogramas limitan el modo en que el público accede por Internet a las obras cargadas en la red a la transmisión interactiva, excluyendo la transmisión no interactiva, y la Ley de Derecho de Autor de China sigue la misma disposición.

En la actualidad, las interpretaciones existentes sobre la Enmienda XI a la Ley Penal de China no han formulado una aclaración especial al respecto de esta cuestión, por lo que su correcta comprensión queda pendiente de la ulterior interpretación emitida por el órgano competente. En este proceso, las partes acusatoria y defensoria, a través de los intercambios y negociaciones en distintos casos, también han planteado requisitos más elevados a los abogados penales especializados en asuntos de propiedad intelectual.