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En los últimos uno o dos años, se ha registrado un aumento exponencial de los casos de objección a la ejecución, demanda por oposición a la ejecución, controversia por responsabilidad de los accionistas por perjuicio a los intereses de los acreedores de la sociedad y demanda de partición de bienes. La mayoría de dichos casos se trata de una serie de acciones derivadas interpuestas por los acreedores cuando su crédito no puede ser realizado después de que los Tribunales Populares hayan dictado sentencia y llevado a cabo la ejecución respecto de las controversias relativas a bienes, como por ejemplo las acciones derivadas causadas por la retirada ilícita de aportaciones de capital por parte de los accionistas de la sociedad, la evasión y repudio de deudas por parte de los accionistas mediante la transferencia de participaciones sociales, la evasión y repudio de deudas por parte de particulares mediante la transferencia fraudulenta de bienes inmuebles, entre otros supuestos.

Recientemente, el autor ha tramitado un caso en el que se solicitó la adición de los accionistas como sujetos responsables de las deudas de la sociedad por el motivo de la retirada ilícita de aportaciones de capital por parte de estos, lo que ha generado reflexiones sobre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal relativas a la «retirada ilícita de aportaciones de capital».

Pregunta: ¿En qué supuestos se califica como retirada fraudulenta de las aportaciones al capital social?

De conformidad con las Disposiciones del Tribunal Supremo Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la «Ley de Sociedades de la República Popular China» (Núm. III), los supuestos de «retirada fraudulenta de aportaciones al capital social» incluyen los siguientes:

(I) Elaborar estados contables y financieros falsos para inflar artificialmente los beneficios y proceder a su distribución;

(II) Transferir sus aportes de capital mediante la falsa constitución de relaciones de crédito y deuda;

(III) Transferir la aportación de capital mediante operaciones entre partes vinculadas;

(IV) Otros actos de retiro del aporte social sin observar los procedimientos legales prescritos.

Entre ellos, la manifestación conductual más común en el cuarto supuesto anteriormente mencionado es la conducta de transferir fondos de entrada y salida de forma transitoria con el fin de obtener la verificación de capital. Antes del 1 de marzo de 2014, los accionistas necesitaban obtener el informe de verificación de capital para constituir una empresa, por lo que muchos promotores de empresas optaban por recaudar fondos puente a través de proveedores de servicios intermediarios y transferir los fondos de aportación de capital de entrada y salida en un plazo corto. En este supuesto, dicha conducta se considera generalmente como retirada fraudulenta de aportaciones de capital, dado que la conducta de transferencia de salida de los fondos no se ajusta a ningún procedimiento legal, ni se basa en una relación transaccional normal, y no se pueden presentar pruebas razonables sobre el flujo de fondos.

(Casos de referencia: No. 4683 de Solicitud de Reconsideración Civil del Tribunal Supremo Popular (2021), No. 3194 de Solicitud de Reconsideración Civil del Tribunal Supremo Popular (2019))

Pregunta: ¿Qué responsabilidad legal debe asumir el accionista que comete la retirada fraudulenta de sus aportaciones al capital social frente a los acreedores de la sociedad?

De conformidad con el Párrafo 2 del Artículo 14 de las Disposiciones del Supremo Tribunal Popular sobre Varios Aspectos de la Aplicación de la Ley de Sociedades de la República Popular China (III): Cuando el acreedor de la sociedad solicite que el accionista que haya realizado la retirada ilegal de aportaciones de capital asuma la responsabilidad de indemnización complementaria por la parte de las deudas de la sociedad que no puedan ser satisfechas dentro del ámbito del capital y los intereses correspondientes a la aportación retirada ilegalmente, y que los demás accionistas, directores, altos directivos o controladores reales que hayan colaborado en dicha retirada ilegal de aportaciones de capital asuman la responsabilidad solidaria por lo anterior, el Tribunal Popular deberá admitir dicha solicitud.

Pregunta: ¿Cómo iniciar el procedimiento para solicitar la incorporación de los accionistas que hayan efectuado la retirada ilícita de sus aportaciones de capital para que asuman las responsabilidades correspondientes en un caso civil?

Generalmente, existen dos modalidades a disposición de los acreedores.

Primero: En el procedimiento de ejecución, incorporar directamente como sujeto ejecutado al accionista que haya cometido la retirada fraudulenta de sus aportaciones de capital (procedimiento de oposición a la ejecución).

Base jurídica: Artículo 18 del Reglamento del Tribunal Popular Supremo sobre Cuestiones Relacionadas con la Modificación y Adición de Partes en la Ejecución Civil: En caso de que los bienes de la persona jurídica con fines de lucro que actúe como persona sujeta a ejecución no sean suficientes para saldar las deudas determinadas en los instrumentos jurídicos surtidos de efectos legales, si el solicitante de ejecución solicita modificar o agregar como personas sujetas a ejecución a los accionistas o aportadores que hayan retirado ilícitamente sus aportaciones de capital para que estos asuman la responsabilidad dentro del ámbito del capital aportado retirado ilícitamente, el tribunal popular deberá apoyar dicha solicitud.

La segunda modalidad consiste en interponer demanda directamente sobre la base de la responsabilidad de los accionistas por los daños causados a los intereses de los acreedores de la empresa.

Fundamentos jurídicos:

(1) Artículo 35 de la «Ley de Sociedades de Capital de la República Popular China»: Una vez constituida la sociedad, los accionistas no podrán retirar ilícitamente sus aportaciones de capital;

(2) Lo dispuesto en el Artículo 14 de las «Disposiciones del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la Ley de Sociedades de Capital de la República Popular China (III)».

Pregunta: ¿Cómo puede el acreedor optar por la mejor alternativa entre los dos planes mencionados anteriormente?

Ventajas y desventajas de la primera modalidad:

Ventajas: En el procedimiento de objeción a la ejecución iniciado durante el procedimiento de ejecución, los Tribunales Populares no cobrarán gastos de litigio adicionales, lo que permite a los acreedores ahorrar costos de litigio. Si el solicitante o el solicitado no está conforme con la resolución judicial de autorización o denegación de la adición de la persona sujeta a ejecución, la vía de recurso es interponer una «acción de objeción a la ejecución» ante el Tribunal Popular. En el marco del procedimiento de la «acción de objeción a la ejecución», actualmente la gran mayoría de los tribunales cobran la cuota de admisión de casos conforme al criterio de cobro para casos patrimoniales establecido en las *Medidas sobre el Pago de Gastos de Litigio*, mientras que un pequeño número de tribunales aplican el criterio de cobro correspondiente a los casos no patrimoniales. Por lo tanto, desde la perspectiva de los costos de litigio, la mayoría de los acreedores optarán por intentar primero la adición de la persona sujeta a ejecución en el procedimiento de ejecución.

Desventajas:

(1) Actualmente, en el procedimiento de adición de personas sujetas a ejecución en el marco de la ejecución, la mayoría de los procesos de tramitación se limitan a trámites formales. Ante situaciones como los actos de desviación de capital por parte de accionistas, la transferencia maliciosa de acciones por accionistas para evadir deudas, la transferencia maliciosa de bienes por particulares para evadir deudas, entre otras, los Tribunales Populares no suelen dictar fácilmente el auto que autorice la adición, por lo que el acreedor deberá interponer posteriormente una acción de oposición a la ejecución.

(2) La adición de personas sujetas a ejecución en el procedimiento de ejecución tiene como requisito previo para su aprobación el cumplimiento de la condición de que «los bienes de la persona sujeta a ejecución no son suficientes para satisfacer las deudas determinadas en el instrumento jurídico en vigor».

(3) Aunque el párrafo 2 del artículo 29 del Reglamento del Tribunal Supremo Popular sobre varias cuestiones relativas a la modificación y adición de partes en la ejecución civil establece que el acreedor puede solicitar medidas cautelares sobre los bienes de terceros en el procedimiento de adición de personas sujetas a ejecución, en la práctica, el autor se ha encontrado con que algunos tribunales no autorizan las medidas cautelares solicitadas por el acreedor en dicho procedimiento, lo que genera un cierto costo de tiempo por tramitaciones de comunicación, siendo la medida cautelar de bienes el eslabón más crítico en este tipo de casos.

Ventajas e inconvenientes de la segunda modalidad:

Ventajas:

(1) Interponer una demanda directamente por la responsabilidad de los accionistas por perjuicios a los intereses de los acreedores de la sociedad puede reducir el tiempo que los acreedores invierten en las objeciones de ejecución. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 28 del Reglamento del Tribunal Popular Supremo sobre Cuestiones Relativas a la Modificación y Adición de Partes en la Ejecución Civil, el tribunal de ejecución deberá dictar un auto dentro de los sesenta días contados desde la fecha de recepción de la solicitud escrita presentada por la parte que solicita la modificación o adición de partes. En la práctica, muchos tribunales de ejecución presentan situaciones de dilación en la emisión de los autos correspondientes. Por lo tanto, cuando el caso de adición de sujetos responsables de las deudas suscite grandes controversias, la elección de esta modalidad permite acortar el plazo de tramitación del caso por vía procesal. El ciclo de tramitación de los casos y el plazo de recuperación de fondos por parte de los acreedores suelen ser factores de consideración muy importantes en la tramitación de los asuntos de ejecución;

(2) En caso de interponer una demanda directamente, el Tribunal Popular adoptará medidas cautelares contra el demandado adicionado a solicitud del acreedor, de conformidad con las disposiciones sobre medidas cautelares previstas en la Ley de Procedimiento Civil de la República Popular China, e incluso se podrá solicitar la medida cautelar de bienes preprocesal.

Inconveniente: El acreedor deberá abonar por adelantado los gastos judiciales y los gastos de medidas cautelares en la etapa inicial del litigio. Por lo general, el importe del objeto de los casos de ejecución en los que se inician dichos procedimientos es relativamente elevado, y el criterio de recaudación de los gastos judiciales se calcula conforme a las disposiciones relativas a los casos de carácter patrimonial establecidas en el *Reglamento sobre el Pago de Gastos Judiciales*.

Pregunta: ¿Constituye un delito penal el acto de retirada fraudulenta de aportaciones de capital realizado por un accionista?

De conformidad con lo estipulado en el Artículo 159 del Código Penal de la República Popular China: Los promotores y accionistas de una sociedad que contravengan las disposiciones de la Ley de Sociedades de la República Popular China y retiren fraudulenta e ilegalmente sus aportaciones de capital después de la constitución de la sociedad, cuando el importe de las aportaciones retiradas sea elevado, las consecuencias sean graves o concurran otras circunstancias graves, configurarán el delito de retirada fraudulenta de aportaciones de capital.

La Ley de Sociedades de Capital de China, que entró en vigor el 1 de marzo de 2014, sustituyó el sistema de registro de capital social efectivamente desembolsado por el sistema de registro de capital social suscrito. Salvo disposiciones normativas especiales relativas al desembolso efectivo del capital social de las sociedades, se derogaron todas las disposiciones sobre el plazo legal de aportación de capital de las sociedades, aplicándose el régimen por el que los accionistas (promotores) de la sociedad acuerden de forma autónoma el importe del capital suscrito, la modalidad de aportación, el plazo de aportación y demás asuntos pertinentes, que serán consignados expresamente en los estatutos sociales de la sociedad.

El 20 de mayo de 2014, la Procuraduría Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública de China publicaron y pusieron en vigor conjuntamente el *Comunicado de la Procuraduría Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública sobre el trámite estricto de conformidad con la ley de los casos penales relativos a la declaración falsa de capital registrado, el aporte fraudulento de capital y el retiro ilícito de capital aportado*, en el que se establece claramente que, salvo en el caso de las sociedades que aplican el sistema de registro de pago real del capital registrado de conformidad con la ley, no se podrá exigir responsabilidad penal a los accionistas y promotores de las sociedades por los delitos de aporte fraudulento de capital y retiro ilícito de capital aportado.

Al mismo tiempo, el Artículo 4 del *Aviso sobre las Disposiciones sobre los Criterios de Inicio de Investigación y Enjuiciamiento de los Casos Penales bajo la Jurisdicción de los Órganos de Seguridad Pública (II)* emitido conjuntamente por la Procuraduría Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública, que entró en vigor el 15 de mayo de 2022, también especifica claramente que el Artículo 159 del Código Penal de China solo se aplica a las sociedades que aplican el sistema de registro de capital social pagado íntegramente de conformidad con la ley.

¿Y cuáles son los tipos de «empresas sujetas al sistema de registro de capital social pagado de conformidad con la ley»? Según lo dispuesto en el anexo del documento *Empresas Sujetas al Sistema de Registro de Capital Social Pagado de Conformidad con la Ley*, los tipos de empresas que temporalmente no se acogen al sistema de registro de capital social suscrito son los siguientes: sociedades anónimas constituidas por suscripción pública, bancos comerciales, bancos de capital extranjero, empresas de gestión de activos financieros, sociedades fiduciarias, sociedades financieras, empresas de arrendamiento financiero, empresas de servicios de despacho de mano de obra, entre otros.

En conclusión, salvo que los accionistas de las empresas que aplican el sistema de registro de capital social desembolsado de conformidad con las leyes de China que cometan actos de retiro fraudulento de capital aportado puedan constituir delitos penales, a los accionistas de las empresas sujetas al sistema de registro de capital social suscrito que cometan dichos actos no se les podrá exigir responsabilidad penal por el delito de retiro fraudulento de capital aportado.

Por consiguiente, cuando los casos económicos empresariales que tramitamos ingresan en el procedimiento de ejecución y el Tribunal Popular no ha localizado bienes ejecutables después de la investigación, podemos solicitar una orden de investigación al juez encargado del caso durante la etapa de ejecución para consultar los extractos bancarios que registran el flujo de fondos de las contribuciones de capital de los accionistas, a fin de resolver el dilema de la dificultad de ejecución a partir de las cuestiones relativas a las contribuciones de capital de los accionistas.