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La debida diligencia jurídica constituye un procedimiento previo fundamental en operaciones del mercado de capitales, como fusiones y adquisiciones, inversiones de capital privado, financiaciones y salidas a bolsa. Su esencia consiste en identificar riesgos mediante un examen jurídico sistemático, a fin de proporcionar fundamentos jurídicos fiables para las decisiones comerciales del cliente, y desempeña una función sustancial de prevención de riesgos en todas las etapas: el diseño de la estructura de la operación, la negociación de los documentos contractuales y la definición de las condiciones de cierre. Para los abogados, la debida diligencia jurídica no se reduce a la simple recopilación de documentos y registro de información: requiere aplicar conjuntamente el juicio profesional jurídico, el análisis de lógica comercial y la experiencia acumulada en operaciones. Dentro de unos plazos y límites informativos determinados, el abogado debe identificar con precisión los riesgos jurídicos esenciales que pueden afectar la seguridad de la actividad comercial y exponerlos de forma clara y prudente en el informe de debida diligencia.

El presente artículo se centra en los puntos prácticos clave para los abogados que realizan debidas diligencias jurídicas: estrategias de trabajo en la fase preparatoria, métodos de revisión de los ámbitos centrales, vías de identificación y análisis de los riesgos jurídicos frecuentes, así como las normas profesionales de redacción del informe de debida diligencia. Se espera que sirva como referencia de orientación práctica.

I. Fase Preparatoria de la Debida Diligencia

(I) Coordinación con el cliente

Antes de iniciar la debida diligencia, una comunicación exhaustiva entre el abogado y el cliente suele determinar la dirección general y el nivel de profundidad de todo el proyecto. En esta etapa, el abogado no solo debe conocer las demandas básicas del cliente, sino también comprender profundamente la lógica de la operación, el umbral de tolerancia al riesgo y el criterio de valoración sobre la empresa objetivo, para orientar el trabajo de debida diligencia y centrarse en los aspectos relevantes.

El enfoque de la debida diligencia varía sustancialmente según el propósito y la estructura de cada operación. En una adquisición total de participaciones sociales, los objetos centrales de revisión son las deficiencias históricas de las participaciones de la empresa objetivo, las cargas sobre los derechos de los socios y la integridad de los pasivos contingentes. En operaciones de inversión parcial en participaciones, adquiere mayor relevancia práctica la compatibilidad entre las cláusulas esenciales de los acuerdos de socios (incluido el derecho de preferencia en liquidación, cláusulas antidilución, derechos de venta conjunta, etc.) y la estructura actual de participaciones de la empresa objetivo. En supuestos de adquisición de activos, la claridad de la titularidad y la transmisibilidad de los activos objetivo son las consideraciones prioritarias. Asimismo, la debida diligencia jurídica previa a una salida a bolsa debe realizarse punto por punto, ajustándose estrictamente a los criterios de revisión de la Comisión de Regulación de Valores de China y las bolsas de valores. El abogado debe acordar con el cliente el marco de cumplimiento aplicable antes del inicio de los trabajos.

En cuanto a la forma de comunicación, se recomienda confirmar mediante correos electrónicos formales o memorandos escritos el alcance de la debida diligencia, los asuntos prioritarios, el calendario y las obligaciones mutuas de colaboración en el suministro de información. De este modo se evitan conflictos derivados de interpretaciones divergentes durante el desarrollo del proyecto y, además, se conservan registros escritos claros que acreditan el cumplimiento por el abogado de su deber de diligencia.

(II) Elaboración dinámica de listas de comprobación de debida diligencia

La lista de comprobación constituye el marco global de la debida diligencia y afecta directamente a la integridad de la obtención de información y la eficiencia del trabajo. En la práctica profesional, los abogados no deben limitarse a utilizar plantillas de forma mecánica al preparar las listas, sino construir un sistema de solicitud de información adaptado al proyecto concreto, basándose en su comprensión profunda del caso.

La estructura de la lista debe coincidir con el índice del informe final de debida diligencia. Esto mejora la eficiencia en todo el proceso: recopilación de documentos, organización de expedientes y redacción del informe, y reduce el riesgo de omisiones causadas por una clasificación desordenada de la información. Al mismo tiempo, la lista debe diferenciar dos tipos de información: información verificable en fuentes oficiales y documentos facilitados por la empresa. Para la primera (datos registrales mercantiles, registros judiciales, bases de datos de propiedad intelectual, etc.), se deben indicar expresamente los canales oficiales de consulta. Los materiales aportados por la empresa no pueden sustituir la verificación oficial. La segunda servirá de base para que el abogado especifique la fuente de la información al citarla en el informe.

La lista de comprobación no es un documento estático definitivo desde el inicio del proyecto, sino que debe actualizarse de forma iterativa a medida que avanza la debida diligencia. En la práctica, la recepción progresiva de documentos y la aparición paulatina de problemas suelen generar numerosas necesidades de información no contempladas en la lista inicial. Por ejemplo, si se detecta que la empresa objetivo ha prestado garantías a terceros, se deben añadir inmediatamente a la lista solicitudes de documentos complementarios: contratos de garantía principal, acuerdos de contragarantía y documentos de registro de garantías. Si surgen dudas procedimentales sobre transferencias históricas de participaciones, se debe solicitar adicionalmente las actas de juntas de socios correspondientes, comunicados y justificantes de pago del precio de transmisión. El abogado debe entender estos ajustes dinámicos como un indicador de calidad de la debida diligencia, y no como una carga de gestión de procesos.

Para el seguimiento del estado de recepción, se aconseja incorporar cuatro categorías en la lista electrónica: recibido completamente, recibido parcialmente, no recibido y no aplicable. El estado debe actualizarse tras cada seguimiento de documentación, para detectar rápidamente lagunas y fundamentar las peticiones de aclaración complementarias dirigidas a la empresa objetivo.

II. Ámbitos Centrales de Revisión de la Debida Diligencia Jurídica

(I) Constitución y evolución histórica de la empresa

La constitución lícita y la subsistencia válida de la empresa objetivo son el requisito previo fundamental de cualquier operación. No obstante, en la práctica, el análisis de la evolución histórica suele revelar numerosos riesgos jurídicos sustanciales ocultos tras la información superficial.

En cuanto a los cauces de verificación, además de obtener la información registral mercantil básica a través del Sistema Público de Información Crediticia de Empresas Nacional, resulta indispensable solicitar en la autoridad de supervisión mercantil competente el expediente registral completo. Esto reviste especial importancia en empresas con frecuentes transferencias históricas de participaciones, larga trayectoria operativa o orígenes complejos de constitución. Los estatutos sociales sucesivos, actas de juntas de socios, solicitudes de transmisión de participaciones y otros documentos originales conservados en el expediente registral son evidencias esenciales para comprobar la conformidad legal de la historia de participaciones. Los materiales aportados unilateralmente por la empresa pueden estar seleccionados o presentar divergencias sustanciales respecto a las versiones archivadas oficialmente.

El abogado debe prestar especial atención a los siguientes riesgos frecuentes:Primero, divergencias entre la versión de estatutos facilitada por la empresa objetivo y la versión inscrita en el registro mercantil. Las diferencias pueden afectar cláusulas esenciales sobre derechos de socios, distribución de beneficios y procedimientos de adopción de decisiones relevantes. Prevalezca la versión inscrita, y se deben indicar explícitamente en el informe las diferencias y sus posibles consecuencias.Segundo, falta de documentación procedimental completa para las sucesivas transmisiones de participaciones: actas de juntas de socios correspondientes, contratos originales de transmisión de participaciones y justificantes de pago del precio. Estas deficiencias procedimentales son habituales en empresas tecnológicas con múltiples rondas de financiación histórica. Es necesario evaluar, según cada caso, si las irregularidades afectan a la validez jurídica de la estructura actual de participaciones.Tercero, supuestos en los que se aproxima el vencimiento del plazo de desembolso del capital suscrito, mientras que el progreso de los ingresos efectivos es notablemente insuficiente. En el contexto de la revisión de la Ley de Sociedades de 2024, que endurece los requisitos de desembolso, es preciso evaluar las consecuencias sustanciales de la obligación de complementar el capital por parte de los socios sobre el flujo de caja de la empresa objetivo y la organización de la operación.

(II) Socios y estructura de participaciones

La revisión de la estructura de participaciones constituye un capítulo central de la debida diligencia jurídica y también el ámbito con mayor riesgo de distorsión informativa en la práctica. La razón es que los acuerdos opacos en el ámbito participativo (como tenencias fiduciarias de participaciones, control contractual y pactos implícitos de ajuste de valor) afectan directamente a los intereses vitales de la empresa objetivo, la cual carece de incentivos internos para divulgar toda la información voluntariamente.

1. Identificación y análisis de tenencias fiduciarias de participaciones

La dificultad para detectar tenencias fiduciarias radica en que estos acuerdos no suelen figurar en ningún registro mercantil y la empresa objetivo rara vez los menciona espontáneamente en las entrevistas. Por ello, el abogado debe detectar activamente la posibilidad de tenencias fiduciarias mediante comprobaciones cruzadas. En la práctica, conviene prestar atención a los siguientes indicios:

Transmisiones históricas de participaciones realizadas por un precio manifiestamente inferior al valor razonable de mercado, sin una explicación comercial lógica sobre la relación entre transmitente y adquirente;

Comprobación de que el origen de los fondos para las aportaciones de socios procede de transferencias de terceros y no de cuentas bancarias a nombre del socio registrado;

Notable discrepancia entre las personas que participan efectivamente en las decisiones empresariales relevantes (votaciones en juntas de socios, deliberaciones del consejo de administración) y los socios inscritos en el registro mercantil;

Explicaciones imprecisas por parte de la empresa objetivo durante las entrevistas sobre el origen de las aportaciones o el motivo de la incorporación de determinados socios, o contradicciones evidentes entre las declaraciones de distintos directivos.

Si se identifican acuerdos de tenencia fiduciaria, el abogado no solo debe registrar la existencia de la relación fiduciaria, sino también realizar un análisis completo en el informe que abarque:

Las cláusulas esenciales del acuerdo de tenencia fiduciaria (incluida la delegación de derechos de voto, titularidad de los derechos a dividendos, condiciones de extinción de la tenencia, etc.);

El impacto de los motivos de la tenencia fiduciaria (por ejemplo, eludir restricciones de acceso a la inversión extranjera o obligaciones de divulgación de participaciones de partes vinculadas) sobre el cumplimiento normativo de la empresa objetivo y la viabilidad de la operación;

Los mecanismos de liquidación de las relaciones fiduciarias tras el cierre de esta operación y su viabilidad jurídica;

Recomendaciones concretas para que el cliente obtenga cobertura mediante cláusulas de declaraciones y garantías, pactos de indemnización especial y otros mecanismos en los documentos de la operación, si no resulta posible regularizar y extinguir las tenencias fiduciarias antes del cierre.

2. Otros riesgos participativos frecuentes

En la transmisión de participaciones de una sociedad de responsabilidad limitada, los demás socios ostentan un derecho de adquisición preferente estatutario. Si la transmisión de participaciones en esta operación no cumple el procedimiento legal de envío de notificaciones escritas a todos los socios y el plazo de espera, existe el riesgo jurídico de que otros socios ejerzan su derecho de adquisición preferente y afecten a la validez de la operación. Mientras comprueba la conformidad legal de las transmisiones históricas de participaciones, el abogado debe proponer recomendaciones claras sobre la organización procedimental de la transmisión en la operación actual. En materia de prendas de participaciones, se deben verificar todos los registros de prenda a través del sistema de registro de prendas de participaciones de la autoridad de supervisión mercantil y solicitar a la empresa objetivo los contratos de prenda y los contratos de deuda principal correspondientes. Se ha de evaluar prioritariamente el volumen de las deudas garantizadas, calendarios de vencimiento, estado actual de cumplimiento y la probabilidad y cauces de ejecución de la prenda por el acreedor prendario después de concluir esta operación.

(III) Principales activos

Los principales activos de una empresa objetivo comprenden generalmente bienes inmuebles (derechos de uso de suelo y edificaciones), maquinaria, equipos y activos fijos, propiedad intelectual (marcas, patentes, derechos de autor, derechos de autor de software, etc.), activos financieros (depósitos bancarios, cuentas a cobrar, inversiones participativas), así como activos intangibles como derechos de franquicia y licencias administrativas. La estructura de activos varía notablemente según el sector. En empresas manufactureras, los activos centrales suelen ser naves industriales, equipos y suelos productivos; en empresas tecnológicas, predominan la propiedad intelectual y la acumulación tecnológica; en empresas de servicios, los activos clave pueden ser licencias de franquicia y contratos con clientes relevantes. Por consiguiente, antes de realizar la revisión de activos, el abogado debe identificar qué categoría de activos conforma el valor esencial de la empresa objetivo, atendiendo a su sector y modelo de negocio, y asignar los recursos limitados de investigación a estos activos.

Se deben observar los principios generales siguientes:Primero, la comprobación de la autenticidad e integridad de la titularidad no puede basarse en una única fuente. Las listas de activos y títulos de propiedad facilitados por la empresa objetivo deben ser contrastadas a través de canales oficiales: consultas en centros de registro inmobiliario, comprobaciones en bases de datos de oficinas de propiedad intelectual, verificaciones de registros de prendas de participaciones, etc. En todos los asuntos comprobables por vías oficiales, los documentos aportados por la empresa no pueden sustituir la información oficial.

Segundo, la detección sistemática de cargas sobre los activos. La existencia de hipotecas, prendas, embargos, anotaciones preventivas y otros derechos reales sobre los activos principales constituye una dimensión de revisión tan importante como la confirmación de la titularidad. En determinadas estructuras de operación, las cargas sobre los activos no solo obstaculizan su uso normal, sino que pueden afectar directamente a los derechos del cliente tras el cierre. Por ello, todas deben enumerarse en el informe y evaluarse sus consecuencias sobre la organización de la operación.

Tercero, evaluación independiente del estado de cumplimiento normativo del uso de los activos. La titularidad clara de un activo no equivale a un uso conforme a la normativa. La coincidencia entre el uso registrado del suelo y su utilización real, la completitud de los procedimientos de construcción de edificios y el cumplimiento de las normas de seguridad industrial en la operación de equipos son dimensiones de cumplimiento imprescindibles en la revisión de activos.

Debida diligencia sobre categorías específicas de activos:

1. Bienes inmuebles

La revisión de bienes inmuebles debe abarcar integralmente la limpieza de la titularidad, el estado de uso conforme a derecho y las posibles restricciones sobre los derechos. En cuanto a los cauces de comprobación, además de examinar los títulos de propiedad inmobiliaria, se deben realizar consultas en el centro de registro inmobiliario sobre los registros de cargas (hipotecas, embargos, anotaciones preventivas, etc.). Se verificará con las autoridades de recursos naturales la categoría de uso del suelo y el plazo de transmisión, y con los organismos de vivienda y urbanismo el estado de inscripción de los contratos de alquiler.

En la práctica, merecen especial atención los siguientes riesgos inmobiliarios:

Desajuste entre el uso registrado del suelo y su utilización real (por ejemplo, uso de suelo industrial para oficinas comerciales o actividades distintas de la producción). En un entorno regulatorio más estricto, estos supuestos suponen riesgos sustanciales de órdenes de corrección o sanciones administrativas;

Naves industriales o locales de oficina centrales de la empresa objetivo sin título de propiedad inmobiliaria, en situación irregular histórica. Se debe evaluar la viabilidad de obtener el título y sus consecuencias materiales sobre la continuidad operativa de la empresa;

Próximo vencimiento del plazo de transmisión del suelo, lo que requiere evaluar los costes de renovación y las incertidumbres políticas sobre la explotación a largo plazo de la empresa objetivo;

Contratos de alquiler de inmuebles no inscritos conforme a la ley. En determinadas prácticas judiciales, esto puede debilitar la oponibilidad del contrato de alquiler frente a terceros de buena fe y, por tanto, afectar al derecho continuado de uso de los locales comerciales por la empresa objetivo.

2. Propiedad intelectual

La propiedad intelectual presenta diferencias intrínsecas respecto a los activos tangibles como inmuebles y maquinaria. En primer lugar, carece de soporte físico; su existencia y estado dependen exclusivamente de registros administrativos y confirmaciones legales, y no pueden verificarse mediante inspecciones presenciales. El juicio del abogado sobre la titularidad solo puede basarse en consultas en bases de datos oficiales y documentos aportados por la empresa objetivo, lo que convierte la verificación oficial en un elemento irremplazable de la debida diligencia de propiedad intelectual. En segundo lugar, la propiedad intelectual puede utilizarse como objeto de aportación social y ser incorporada a la estructura participativa de la empresa objetivo mediante aportaciones en especie. Esto significa que las deficiencias de titularidad o la sobrevaloración de la propiedad intelectual afectan no solo al activo en sí, sino que pueden repercutir hacia arriba en el cumplimiento normativo del capital registrado de la empresa objetivo, generando efectos en cascada sobre la estabilidad de su estructura participativa. Estas dos particularidades exigen una metodología de revisión distinta a la de los activos tangibles y requieren una atención elevada a los riesgos específicos siguientes:

Primero, riesgo de que la titularidad no recaiga sobre la empresa objetivo. Es frecuente en la práctica que las marcas, tecnologías patentadas o sistemas de software esenciales utilizados por la empresa objetivo en su actividad habitual estén registrados a nombre de empresas vinculadas controladas por el controlador de facto o personas físicas. Aunque pueda existir un acuerdo de licencia de uso, la utilización por la empresa objetivo de la propiedad intelectual es dependiente de una autorización continuada del licenciante. La estabilidad del acuerdo de licencia (plazo, condiciones de revocación, cláusulas de cambio de control, etc.) afecta directamente a la capacidad de explotación continuada de la empresa objetivo tras la operación y constituye un riesgo potencial relevante. En supuestos más graves, la propiedad intelectual esencial puede haber sido registrada anticipadamente por terceros o estar sujeta a litigios de titularidad externos, exponiendo a la empresa objetivo a riesgos de demandas por infracción. Estos asuntos deben señalarse separadamente como riesgos relevantes en el informe. La comprobación se realiza cotejando los titulares registrados a través de las plataformas oficiales de la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual para marcas y el sistema de búsqueda de patentes.

Segundo, riesgos en cascada derivados de aportaciones sociales mediante propiedad intelectual. Cuando la empresa objetivo ha recibido aportaciones en especie consistentes en propiedad intelectual para su capital registrado, el abogado debe realizar una revisión especial centrada en los siguientes aspectos:

Si la valoración realizada en el momento de la aportación contó con un informe de tasación formal emitido por una entidad tasadora cualificada, con fundamentos razonables para la conclusión de valoración;

Si se han completado los trámites legales de transmisión de la titularidad de la propiedad intelectual aportada, incluidos los cambios registrales de marcas y patentes. Las deficiencias o irregularidades en los trámites de transmisión de titularidad generan dudas sobre la validez jurídica de la aportación y, consecuentemente, riesgos legales sobre el cumplimiento del requisito de capital desembolsado correspondiente;

Si la propiedad intelectual objeto de aportación mantiene su vigencia (por ejemplo, si las marcas han sido renovadas, si los patentes han caducado por impago de tasas anuales). La extinción de la propiedad intelectual aportada supone un desafío directo al cumplimiento normativo del capital desembolsado correspondiente;

Además, una valoración manifiestamente excesiva de la propiedad intelectual utilizada para aportaciones sociales, especialmente cuando representa una proporción importante, puede constituir una aportación social falsa en términos sustanciales y generar obligaciones de complemento de capital para los socios y las responsabilidades jurídicas correspondientes.

(IV) Relaciones laborales

El ámbito laboral presenta una elevada tasa de distorsión informativa en la debida diligencia de fusiones y adquisiciones, es frecuente que surjan riesgos tras el cierre, aunque suele recibir una atención insuficiente en la fase previa. Esto suele causar costes laborales imprevistos y riesgos de litigios para el cliente después de concluir la operación.

El incumplimiento en materia de seguros sociales y fondos de vivienda es muy común entre empresas nacionales. Numerosas empresas abonan desde hace mucho tiempo los seguros sociales y el fondo de vivienda sobre bases sensiblemente inferiores a los salarios reales de los trabajadores y no contratan estos seguros para buena parte de su plantilla. Durante la revisión, el abogado debe solicitar a la empresa objetivo los registros de pago de seguros sociales y fondo de vivienda de los últimos doce meses, compararlos con los registros de abono de salarios y cuantificar las deudas históricas y las potenciales obligaciones de pago complementario, para que el cliente pueda dimensionar razonablemente estos pasivos contingentes en la negociación del precio. Los registros de seguros sociales pueden consultarse auxiliarmente a través de la Plataforma Pública Nacional de Servicios de Seguros Sociales, y el estado de aportaciones al fondo de vivienda mediante los sitios web oficiales de los organismos gestores de fondos de vivienda locales.

Además de comprobar si todos los trabajadores han suscrito contratos laborales por escrito, la revisión de contratos laborales debe centrarse en los siguientes supuestos:

Falta de renovación contractual después de dos contratos laborales sucesivos de duración determinada. Esto genera la obligación legal de celebrar un contrato indefinido; el incumplimiento expone a la empresa al riesgo de demandas por indemnización del doble del salario;

Integridad y ejecutabilidad de los acuerdos de confidencialidad y no competencia para técnicos clave y directivos. Reviste especial importancia en empresas intensivas en tecnología. El abogado debe comprobar si la indemnización por no competencia está pactada y se abona efectivamente conforme a la ley; en caso contrario, las cláusulas correspondientes pueden resultar inejecutables;

Personal contratado mediante cesión de mano de obra o fórmulas de trabajo flexible, pero que mantiene una relación laboral de facto. Se debe evaluar el riesgo de calificación jurídica de la relación laboral atendiendo a las condiciones reales de gestión.

Para empresas que dependen fuertemente de talentos clave, la estabilidad de estos empleados afecta sustancialmente al valor operativo de la empresa objetivo. Durante las entrevistas, el abogado debe averiguar si los empleados clave disponen de planes de opciones o reparto de beneficios, la continuidad de estos incentivos en caso de cambio de control y la capacidad de la empresa objetivo para retenerlos. Las conclusiones deben reflejarse fielmente en el informe.

(V) Litigios, arbitrajes y sanciones administrativas

Este ámbito requiere una labor de comprobación activa por parte del abogado, ya que la empresa objetivo, movida por su propio interés, tiende a divulgar selectivamente los registros judiciales y administrativos desfavorables. La comprobación sistemática activa debe cubrir los siguientes canales:

Red de Sentencias Judiciales de China: consulta de sentencias civiles, mercantiles y administrativas publicadas;

Red Pública de Información de Ejecuciones de China: comprobación de datos de deudores ejecutados para evaluar el estado de cumplimiento de deudas de la empresa objetivo, sus socios principales y controladores de facto;

Lista de Personas Incumplidoras Sujetas a Ejecución del Tribunal Supremo Popular: verificación de registros de incumplimiento;

Sistema Público de Información Crediticia de Empresas Nacional: consulta de sanciones administrativas, que abarcan supervisión mercantil, fiscalidad, protección medioambiental, seguridad industrial y otros ámbitos reguladores.

Conviene prestar especial atención a la inexistencia de un canal nacional unificado de consulta pública de laudos arbitrales. Si la empresa objetivo declara no mantener litigios arbitrales, se deben indicar explícitamente en el informe las limitaciones de los cauces de consulta y exigir a la empresa objetivo que emita un compromiso escrito correspondiente.

En la redacción del informe, para litigios resueltos se deben indicar los datos básicos del caso, el resultado de la sentencia y el estado de ejecución. Para procedimientos pendientes, se especificará el importe de la demanda y las pretensiones, y se evaluará caso por caso el riesgo de sentencia adversa y sus posibles consecuencias económicas. En relación con sanciones administrativas históricas, el abogado debe analizar si sus causas reflejan de forma sistemática deficiencias de gestión del cumplimiento normativo en la empresa objetivo, y no se trata de incidentes aislados.

(VI) Operaciones vinculadas y controladores de facto

Las operaciones vinculadas constituyen uno de los asuntos centrales sometidos a un escrutinio intenso por los reguladores en procesos de salida a bolsa. La identificación de partes vinculadas no debe limitarse a las relaciones participativas reflejadas en los registros mercantiles. Mediante entrevistas, el abogado debe identificar exhaustivamente todas las entidades controladas por el controlador de facto, empresas participadas o controladas por directivos principales y sus parientes cercanos, así como otras entidades vinculadas con relaciones comerciales sustanciales con la empresa objetivo. Las empresas vinculadas de los controladores de facto y socios principales pueden detectarse preliminarmente a través del Sistema Público de Información Crediticia de Empresas Nacional y bases de datos comerciales como Tianyancha y Qichacha. No obstante, la información de estas bases comerciales presenta retardos temporales y no puede sustituir las conclusiones obtenidas por vías oficiales.

En el análisis sustantivo de las operaciones vinculadas, el abogado debe evaluar prioritariamente la racionalidad comercial y la equidad de precios de las operaciones correspondientes. En el informe se realizará un análisis detallado de compras, ventas o servicios vinculados con precios notablemente alejados de los precios equitativos de mercado, y se evaluarán sus consecuencias sustanciales sobre la situación financiera de la empresa objetivo según el volumen de la operación. Las cuentas a cobrar de importe elevado pendientes desde hace tiempo a cargo de partes vinculadas suelen ser señales de ocupación de fondos o transferencia de beneficios. El abogado debe solicitar a la empresa objetivo que explique sus causas y calendarios de recuperación, y realizar comprobaciones cruzadas mediante análisis de flujos de fondos elaborados por los auditores.

III. Normas Profesionales de Redacción

La realización de una debida diligencia jurídica por el abogado no es meramente una labor de registro de datos. Se apoya en conocimientos jurídicos profesionales para identificar sistemáticamente riesgos potenciales que pueden obstaculizar las actividades comerciales del cliente y garantizar la seguridad de la operación y la fiabilidad de las decisiones comerciales. Por consiguiente, los abogados deben prestar atención a los siguientes problemas frecuentes durante toda la debida diligencia:

(I) Normas de redacción prudente

La formulación utilizada en el informe de debida diligencia refleja directamente el grado de prudencia profesional del abogado y constituye un mecanismo importante de protección profesional ante limitaciones informativas. Se debe adoptar una distinción estricta de expresiones según la fuente de la información:

Información verificada por canales oficiales: “Tras consulta…, a fecha de consulta…”;

Información procedente exclusivamente de materiales facilitados por la empresa objetivo: “Según los documentos aportados por la Empresa Objetivo…”;

Información obtenida en entrevistas sin soporte documental escrito: “Confirmado por la dirección de la Empresa Objetivo durante la entrevista que…; la declaración anterior no cuenta con soporte documental escrito.”. Esta información no debe omitirse del informe.

Se debe establecer un sistema unificado de clasificación de riesgos en las notas explicativas del informe y aplicarlo de forma coherente en todo el texto. Generalmente se adoptan tres niveles:

Riesgos relevantes: riesgos que pueden impedir el avance de la operación o exigir ajustes estructurales;

Riesgos generales: riesgos que requieren cobertura mediante cláusulas de declaraciones y garantías o condiciones de cierre en los documentos de la operación;

Cuestiones informativas: asuntos con impacto relativamente limitado en el momento actual, pero que el cliente debe conocer y vigilar continuamente.

La descripción de cada punto de riesgo debe seguir preferiblemente esta estructura lógica: Descripción de los hechos → Análisis jurídico → Consecuencias del riesgo → Medidas recomendadas.

(II) Declaración de limitaciones

La declaración de limitaciones incluida en las notas explicativas del informe constituye un componente jurídico esencial del informe de debida diligencia. Delimita claramente el ámbito del deber de diligencia del abogado y evita que el cliente confíe excesivamente en las conclusiones del informe más allá del alcance de los elementos probatorios disponibles. La declaración de limitaciones debe especificar detalladamente:

La fecha límite y el ámbito de las fuentes de documentación utilizadas en esta debida diligencia;

Explicaciones sobre asuntos que no pudieron ser verificados por falta de materiales o restricciones de los canales de consulta;

Confirmación de que las conclusiones del informe se basan en los documentos facilitados por la empresa objetivo y la información pública accesible al abogado, y que las consecuencias derivadas de información falsa u omitida por la empresa objetivo corren a cargo de esta última;

Aclaración de que el informe de debida diligencia no constituye asesoramiento de inversión y se facilita únicamente como referencia para la toma de decisiones del cliente en esta operación.

IV. Coordinación con entidades auditoras

En la práctica, la debida diligencia jurídica suele desarrollarse en paralelo con la auditoría financiera. Ambas líneas de trabajo son naturalmente complementarias en sus dimensiones informativas. La capacidad del abogado para establecer activamente mecanismos de comunicación eficaces con el equipo auditor suele determinar directamente la calidad global de la debida diligencia. Las operaciones de flujo de fondos anómalas detectadas por los auditores suelen ser indicios directos de problemas jurídicos como operaciones vinculadas, ocupación de fondos o retirada de aportaciones por socios. Las cuentas a pagar de gran importe o anticipos registrados desde hace tiempo pueden corresponder a obligaciones contractuales pendientes o litigios potenciales que requieren verificación jurídica. Los pasivos contingentes reflejados en los informes financieros suelen corresponder a litigios pendientes, arbitrajes o responsabilidades de garantía externa, cuya naturaleza, volumen y estado actual de tratamiento deben verificarse punto por punto durante la debida diligencia jurídica.

Por tanto, el abogado debe impulsar activamente la sincronización informativa con el equipo auditor. Al establecer los mecanismos de coordinación, se deben definir el ámbito de intercambio de información y las obligaciones de confidencialidad de ambas partes. Esto garantiza que la circulación de materiales sensibles se ajuste al ámbito de autorización del cliente y evite riesgos adicionales de filtración de información derivados de la colaboración.

V. Conclusión

Como herramienta indispensable de prevención de riesgos en operaciones del mercado de capitales, la debida diligencia jurídica solo puede desplegar todo su valor si los abogados mantienen el deber de diligencia, ejercitan el juicio profesional y mantienen una comunicación eficaz. Para los abogados, el reto de la debida diligencia no consiste únicamente en dominar los métodos básicos de comprobación, sino en distinguir, dentro de unos plazos y límites informativos reducidos, los riesgos sustanciales que afectan a la seguridad de la operación de las meras lagunas informativas generales, y exponer los resultados de forma clara y ejecutable en el informe, para proporcionar un apoyo jurídico profesional sustancial a las decisiones comerciales del cliente. El hábito de realizar comprobaciones cruzadas, la ética profesional que exige divulgar toda la información relevante y la exposición honesta de las limitaciones constituyen los criterios fundamentales que demuestran la profesionalidad de los abogados dedicados a esta práctica.

Agradecimientos

Tras completar el primer borrador de este artículo, me resultó de gran inspiración la generosa compartición de ideas y experiencia práctica por el abogado Shi Jianfu, perteneciente a nuestro despacho. Tras reflexiones repetidas, asimilación e integración, se han realizado múltiples revisiones y adiciones al texto. El contenido actual del artículo se beneficia sustancialmente de sus aportaciones. Expreso aquí mi sincero agradecimiento.